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La moratoria de desalojo residencial sin causa alguna de San Diego expiró el viernes, ampliando la lista de motivos que un propietario puede alegar para poner fin al alquiler o desalojar a un inquilino.

La moratoria, que entró en vigor el 22 de mayo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, había restringido las opciones de los propietarios para llevar a cabo desalojos, permitiéndolos solo en situaciones en las que el inquilino no pagaba el alquiler o violaba un contrato de alquiler. Impedía a los propietarios poner fin a los arrendamientos si querían retirar el inmueble del mercado de alquiler o hacer reparaciones importantes. Ahora la ley vuelve a las normas de desalojo anteriores.
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Alan Pentico, director ejecutivo de la Asociación de Viviendas de Alquiler del Sur de California, dijo que los contratos entre propietarios e inquilinos deben ser ejecutables, sin intervención del gobierno.

“Los arrendamientos o acuerdos de alquiler son contratos, y si se socava continuamente el contrato, ¿por qué alguien se metería en esta empresa y proporcionaría viviendas de alquiler?”, dijo.

Y añadió: “Nos solidarizamos absolutamente con los que se ven afectados por esto, pero es un toma y daca por todas las partes”.

Gilberto Vera, abogado de la Sociedad de Ayuda Legal de San Diego, dijo que dejar que se reanuden los desalojos sin motivo hará que la gente pierda su casa aunque siga las normas y pague el alquiler.

“Se trata de inquilinos que no han hecho nada malo”, dijo Vera. “Están al día con el alquiler y cumplen el contrato de arrendamiento”. Vera añadió que le preocupa que los desalojos aumenten una vez finalizada la prohibición, tanto por las nuevas rescisiones de contratos de arrendamiento como por los casos de desalojo que habían quedado en suspenso en los tribunales durante el verano.

Los grupos de defensa que apoyan la protección de los inquilinos de San Diego habían presionado para que se ampliara la moratoria.

José López, director de Alliance of Californians for Community Empowerment-San Diego, dijo que las características del mercado de alquiler actual -con alquileres significativamente más altos que antes de la pandemia del COVID-19 y salarios que se han quedado atrás- significan que las personas a las que se les dice que se trasladen podrían no tener suficiente dinero ahorrado para pagar una fianza y los alquileres más altos de hoy.

“Seguimos en una pandemia en la que la mayoría de la gente sigue luchando por recuperarse. Los inquilinos no pueden permitirse un traslado con los elevados costos de los alquileres y los estrictos requisitos para encontrar una nueva vivienda”, dijo López.

“Si el Ayuntamiento no actúa con rapidez para prorrogar la moratoria o aprobar una ordenanza de protección permanente de los inquilinos, asistiremos a un enorme aumento del número de personas sin hogar, los habitantes de nuestra comunidad se verán desplazados y seguiremos perdiendo las pocas viviendas asequibles que quedan”, dijo López.

El presidente del Ayuntamiento, Sean Elo-Rivera, dijo en una declaración escrita al Union-Tribune que la moratoria de desalojo termina en un momento difícil para los inquilinos de San Diego:

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“La vivienda es una necesidad humana fundamental y la base de una vida estable. San Diego se encuentra en medio de una crisis de asequibilidad de la vivienda y de falta de hogar. Como comunidad, no podemos permitirnos que las familias que pagan el alquiler y respetan sus contratos se vean obligadas a abandonar sus hogares.

“Por desgracia, estamos oyendo que algunos propietarios de departamentos depredadores están rodeando a los inquilinos como tiburones, queriendo desalojarlos simplemente para aprovecharse del mercado y subirles el alquiler. Ésa es toda la prueba que se necesita para saber por qué hay que reforzar la protección de los inquilinos”, continuó.

“Nuestra oficina está trabajando para reforzar las protecciones de los inquilinos lo antes posible”.

La prohibición de desalojo expiró días después de que el condado declarara la falta de vivienda como crisis de salud pública.

El martes, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego declaró por unanimidad que la falta de vivienda es una crisis de salud pública, una medida que, según la junta, creará un enfoque regional más unificado del problema.

En otra votación unánime, los supervisores aprobaron también un programa piloto de 3 millones de dólares para proporcionar 500 dólares al mes a 220 adultos mayores con el fin de ayudarles a evitar que se queden sin hogar durante 18 meses.

En un acontecimiento legal relacionado, el miércoles un juez federal confirmó la prohibición de desalojo temporal, que había sido impugnada en los tribunales por dos demandantes, un propietario y una operadora de peluquería, que denunciaban que las órdenes ejecutivas de la era COVID-19 emitidas por el exalcalde Kevin Faulconer violaban sus derechos. La sentencia, dictada por el juez de distrito de Estados Unidos Barry Ted Moskowitz, consideró que la demanda carecía de base legal.

Hasta el 30 de junio, en virtud de la moratoria de desalojo de California, los inquilinos de todo el estado estaban protegidos contra el desalojo por falta de pago del alquiler debido a la COVID-19. La medida de San Diego, denominada “sin culpa”, añadía protecciones adicionales no contempladas en la medida del estado.

Según la Comisión de la Vivienda de San Diego, no se permitían los desalojos en San Diego hasta el 30 de septiembre de 2022, o 60 días después del final del estado de emergencia local declarado por el alcalde debido a la pandemia de COVID-19, lo que ocurriera primero.

Tanto los defensores de los propietarios como de los inquilinos afirmaron que existe un gran potencial para reformar el sistema de desalojos de San Diego.

Laura Ann Fernea, directora de la Colaboración para la Prevención de Desalojos de San Diego, dijo que también se necesitan más protecciones para los inquilinos.

La ciudad cuenta con una Ordenanza sobre el Derecho a Saber de los inquilinos, que está diseñada para “proteger los derechos de los inquilinos residenciales de larga duración limitando los motivos de su desalojo y exigiendo a los propietarios que notifiquen dichos motivos”.

La ordenanza, que no se actualiza desde 2004, “no ofrece suficientes protecciones a los inquilinos”, escribió Fernea en un correo electrónico. “Requiere que los inquilinos residan en un departamento/casa durante al menos 24 meses antes de que obtengan alguna protección por causa justa. Esta ley tampoco proporciona ninguna ayuda para la reubicación, que sí se proporciona en el resto del condado y del estado.”

Aunque se pueden reanudar los desalojos sin causa, no todos los ceses de alquiler son legales. Por ejemplo, los propietarios no pueden desalojar a alguien como forma de represalia si un inquilino pide reparaciones.

Los inquilinos que reciben avisos de desalojo y no pueden permitirse pagar un abogado pueden acudir a Legal Aid o a otras clínicas jurídicas locales para que les representen y asesoren. La Colaboración para la Prevención de Desalojos de San Diego organiza periódicamente talleres sobre los derechos de los inquilinos. Puedes obtener información en Housing Help SD.

El reportero del U-T Gary Warth contribuyó a este informe.
Estados Unidos

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